Una buena decisión ordenar que se abra la UPR

Orden del tribunalPor Thomas Jimmy Rosario Martínezlogo-ehv-diario-vegabajeno-de-puerto-rico-small

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La misión de un centro educativo es, como lo describe la palabra, educar. Para eso está instituido, financiado y forjado. La universidad del estado no es la excepción. Aunque tenga seres pensantes con agendas particulares, lo principal sigue siendo  proveer preparación que conduzca a una carrera profesional.

La estadía de los estudiantes, es por tanto, temporera. Su compromiso es mantener un estándar de responsabilidad con la institución incluye cumplir con unos deberes mínimos de asistencia y respuesta a lo que exige cada profesor y además, una conducta que no afecte la armonía de la institución. Se puede diferir, controvertir, pero no subvertir el orden. No puede ser la universidad el centro de la anarquía. Eso es lo más antiuniversitario.

Una juez, aparentemente  comprometida con una causa política decidió contrario al clima que debe prevalecer en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Otros jueces de mayor jerarquía, como ocurre cando se deciden injusticias, resolvieron que el deber ministerial inherente al poder de la administración le impone abrir el recinto para cumplir con su misión y sus obligaciones con la comunidad universitaria.

De seguro habrá confrontación con las minorías que quieren prevalecer contra el orden establecido. La anarquía es el método adecuado para la paralización y la destrucción de quienes creen tener causas antidemocráticas que según ellos son la razón justa, aunque no lo sean.

Cuando era estudiante del Colegio Regional de Arecibo, creía en el método argentino del poder universitario, donde la administración, los ex alumnos y los estudiantes eran los actores. Lo propuse  ante el Consejo de Educación Superior en ocasión en que se abrió una investigación y se preparó un informe que se publicó en aquella ocasión.  Hoy día estoy alejado de esa teoría, porque he visto cómo se trabajan, tras bastidores, los movimientos estudiantiles de protesta y presión social.

Presencié lo que ocurrió el 11 de marzo de 1971 y jamás lo podré olvidar. Estaba visitando el local del ROTC viendo a unos amigos. Antes de que fuera asesinado, vi al cadete Jacinto Gutiérrez y ya de lejos, oí disparos, vi intercambio de piedras y los cuerpos de policías heridos y fallecidos. Vi a Luis Francisco Ojeda en medio de una transmisión ocuparse de uno de los heridos que posteriormente falleció. Presencié el macaneo y luego las investigaciones fallidas y las equivocadas por las autoridades de seguridad y orden. Toda una equivocación de principio a fin.

En este escenario, siendo estudiante de humanidades, donde la llama estaba encendida como en Ciencias Sociales, pude detectar las razones. Allí, la racionalidad se confunde con la imaginación y los ideales. Cualquier frase se hace norte de vida. Muchos de los profesores, por no decir todos, cuestionaban al gobierno y proponían otros modelos distintos. Los partidos también tenían sus organizaciones y otros movimientos participaban de la propaganda proselitista.

Las hormonas de la juventud, la despreocupación por la vida real de trabajo para subsistir y la energía a veces ciega por lo que cada cual conocía como una verdad, eran el motor. Detrás habían intereses económicos y políticos de grupos para prevalecer. En un ambiente internacional de oposición al capitalismo y a los Estados Unidos por su política «imperialista» y de intervención en países como Vietnam,  cada cual tomaba su lugar.

Cuando se mira el escenario en la reflexión, algunos ven la oportunidad para justificar el desorden. Ven el espacio adecuado para aunar grupos de presión social para lograr su propio camino. Otros vemos la oportunidad del crecimiento de un pueblo fragmentado por las tribus políticas en un foro donde se puede forjar el buen futuro de Puerto Rico. Hay que escoger. Yo lo hago por la opción que ha dictaminado el Tribunal Apelativo.

Es la ruta de restablecer y de sanar, la de permitir la continuidad y de regresar a la misión de educación. Comprometer este valioso tesoro más de lo que se ha hecho en el pasado, sin un fin democrático, es un error. Sería destruirlo, porque no hay justificación legal ni moral que derrote lo que la creó.

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