El asunto de la Constitución de Puerto Rico

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Por Thomas Jimmy Rosario Martínez

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico es un asunto del pasado. No tiene que ver con criticar al Partido Popular ni a los que la hicieron, de los partidos políticos de entonces, sino del valor que puede tener, desde el punto de vista jurídico.

Se supone que su creación se basó en un sistema republicano de poderes, de tres ramas, la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Pero cuando otra mera ley federal como la que creó la Junta de Control Fiscal disminuye esos poderes, limitando la capacidad del gobernador y la rama legislativa y crean un tribunal especial para Puerto Rico,  nos hemos quedado sin ley básica o con una para resolver solo situaciones secundarias.

Otras cosas continuarán funcionando hasta que no se declare otra cosa. Para aprender de esto, hay que entender el sistema federal. Hay un principio legal que establece la preeminencia de las leyes. Se supone que en el orden de las cosas, las ordenanzas municipales tienen valor por debajo de las leyes y los reglamentos de las leyes y éstas debajo de la Constitución de Puerto Rico. Ninguna de estas tres puede ser incompatible con regulaciones federales, leyes ni la Constitución de Estados Unidos.

Las comunicaciones telefónicas no pueden ser interceptadas en Puerto Rico, porque la Constitución del ELA lo prohíbe, pero pueden ser interceptadas por los funcionarios federales del FBI, porque no está prohibido allá ni aquí por la esfera nacional. También hay muchas otras circunstancias, como la extensión de leyes de beneficio a Puerto Rico, que tiene que estar escrito en la ley, contrario a los estados que les aplica uniformemente.

Hay una diferencia entre los estados y Puerto Rico. No pagamos contribuciones sobre ingresos. Eso es una aparente ventaja, pero no nos conceden automáticamente lo que a los estados les toca de parte del presupuesto de Estados Unidos. La razón principal es económica. El Seguro Social Suplementario que reciben los ciudadanos de los demás estados para ayudarles en su sustento, no es extensivo a Puerto Rico porque eso se saca de las contribuciones federales.

Se dice que somos ciudadanos de segunda clase, pero eso no es cierto. Nuestro sistema de gobierno puede ser de segunda clase y pudiera ir en camino a ser parte del llamado «tercer mundo» según algunos. En territorio estatal allá, solo hay una clase de ciudadano para fines de respetarle sus derechos. Pero la limitación de beneficios como ciudadanos americanos es porque no residimos en un estado incorporado. Eso cobija tanto a los puertorriqueños como los naturales de cualquier estado que residan en Puerto Rico.

Se ha planteado el discrímen, pero los estados se han reservado el derecho de ser tratados iguales. No siendo estado, los puertorriqueños residentes aquí no tenemos esos derechos. Todos los que residen en alguno de los cincuenta estados de la unión, incluyendo a Alaska y Hawai tiene plenitud de derechos y protegidos por los tres poderes del sistema republicano de Estados Unidos. Pero no en Puerto Rico.

El poder judicial en Estados Unidos lo ejercen los tribunales federales, siendo el Tribunal Supremo la última palabra sobre cualquier tema. Allá interpretan todo el sistema federal desde regulaciones hasta leyes. Sus decisiones son finales por lo costoso y trabajoso. La mayor parte de los asuntos resueltos en los tribunales de apelación no llegan para resolverse finalmente hasta el limitado calendario de los jueces supremos, además de ser un sistema lento y de  que los actos de funcionario  y leyes se presumen correctos y el apelante tiene que tratar, con mucho esfuerzo, de derrotar esa presunción.

He estado atento a las proposiciones de los que celebraron ayer el Estado Libre Asociado. No hubo ninguna, excepto revalorar el sistema de gobierno como está y seguir defendiendo lo indefendible con razones emocionales.

Hay un momento en que hay que pasar un balance de lo que ha habido, de lo que hay o de lo que puede haber. No se puede seguir hablando o escribiendo en lenguaje kingon, que es fantasía, planteando las mismas posibilidades que desde antes ya han sido descartadas o fórmulas que no son probables. Vega Baja y Puerto Rico solo necesitan mirar su historia para ver lo que no ha funcionado, teniendo hacia adelante una mejor visión de lo que puede haber para mejorarnos.

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