Reflexiones en torno al Proyecto de Ley sobre Libre Determinación para Puerto Rico radicado por las congresistas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio por Lcdo. Alejandro Torres Rivera

Lcdo. Alejandro Torres Rivera

          El pasado  28 de julio de 2020 quedó sometido ante el Congreso de los Estados Unidos un proyecto de ley titulado Puerto Rico Self Determination Act of 2020. A pesar de ello, no es sino hasta la semana en curso que en Puerto Rico ha aflorado el conocimiento de la medida, provocando de inmediato diversas reacciones tanto en favor como en contra. El posicionamiento en contra de la medida, fundamentalmente proviene del liderato del Partido Nuevo Progresista, que impulsa hoy mediante la Ley Núm. 51-2020, la realización de un referéndum sobre estatus en conjunto con las elecciones programadas para el 3 de noviembre de 2020.

          Primero que todo, es importante señalar que el proyecto de ley que somete Nydia Velázquez junto con Alexandria Ocasio Cortes tiene como antecedente histórico una anterior iniciativa de Velázquez junto a los congresistas Luis Gutiérrez y José Serrano en 2006, el cual a su vez, también fuera radicado en términos similares en el Senado por el Senador Edward  Kennedy,  bajo el título Puerto Rico Self Determination Act. En ambas cámaras, el proyecto contó con el endoso de varios congresistas y senadores republicanos.

          El P. del S. 2304 como se le conoció en el Senado, indicaba que se reconocía “el derecho del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a convocar a una convención constitucional a través de la cual el pueblo de Puerto Rico pueda ejercitar su derecho a la lbre determinación y establecer los mecanismos para que el Congreso considere su desición.” A diferencia del actual proyecto de las congresistas Velázquez y Ocasio, aquel consideraba expresamente como “opciones de libre determinación”, el Estado Libre Asociado “nuevo o modificado”, la “estadidad” o la “independencia”. En su texto, el proyecto reafirmaba la “autoridad inherente del Gobierno de Estado Libre Asociado para convocar” a una convención constitucional a través de delegados electos para tal propósito y establecer los mecanismos para la libre determinación.

          El proyecto, además, hacía referencia a un nuevo o enmendado “convenio de asociación” para enmendar o sustituir lo establecido en la Ley 600 de 1950. Indicaba que, definida por la Convención la “opción de libre determinación”, la misma sería sometida al Congreso para su aprobación. Si el Congreso la aprobaba, con o sin modificaciones, sería sometida al pueblo para su aprobación o rechazo mediante referéndum. Si el pueblo aprobaba tal “opción de libre determinación”, el Congreso, mediante Resolución Concurrente, aprobaría sus términos, así como aquellas disposiciones necesarias para su implantación. Si no se aprobaba, el Pueblo de Puerto Rico a través de su gobierno, convocaría a una nueva convención constitucional, incluyendo la elección de nuevos delegados.

          En el proyecto presentado por las congresistas Velázquez y Ocasio presentan otras modificaciones a lo que fue en su origen la propuesta de 2006. Veamos.

El nuevo proyecto, cuyo título es Ley de libre determinación de Puerto Rico de 2020, incluye como propósitos:

(a)reconocer el derecho del pueblo de Puerto Rico a convocar una Asamblea de Estatus como parte del ejercicio del derecho natural a la libre determinación; y

(b) reconocer el derecho a establecer un mecanismo para que el Congreso reconozca tal determinación.

En su redacción, el proyecto señala los siguientes hallazgos (“findings”):

  •  En 1898 Estados Unidos adquirió por conquista, en virtud del Tratado de París, a Puerto Rico, Guam y Filipinas.
  •  En 1900 se estableció un gobierno civil bajo la Ley Foraker, el cual incluyó la designación de un Consejo Ejecutivo, consistente en varios departamentos y la elección de un Comisionado Residente que representaba la Isla en el Congreso.
  •  En 1901, el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Downes v. Bidwell, dispuso que, para fines de la Cláusula de Uniformidad de la Constitución de los Estados Unidos, Puerto Rico no forma parte de Estados Unidos. En su Opinión Concurrente, el Juez White sostuvo que el Congreso tiene la discreción de decidir si incorpora o no y cuándo a un territorio.
  •  El Congreso ha reconocido mediante la Ley 600-1950 la autoridad de Puerto Rico para gobernar sobre sus asuntos internos. En tal virtud proveyó para un gobierno  constitucional, que el Congreso adoptó como un convenio (“compact”) y ratificó la Constitución en julio de 1952.
  •  El 18 de noviembre de 1953 la Asamblea General de las Naciones Unidas, bajo la Resolución 748, reconoció que Puerto Rico es una entidad política con gobierno propio.
  • Estados Unidos tiene el deber legal  de cumplir con el Artículo 1 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos que establece el derecho de todo pueblo a su libre determinación y “en virtud de tal derecho, a determinar libremente su estatus político y procurar libremente su desarrollo económico, social y cultural.”
  •  La Convención de Estatus provee un espacio deliberativo, comprensivo e ininterrumpido de diálogo para definir el futuro de Puerto Rico

          Sobre la Convención de Estatus de Puerto Rico que propone la medida, se indica:

  •  La Legislatura de Puerto Rico tiene autoridad inherente para convocar una convención de estatus constituida por delegados a ser determinados por legislación aprobada por el Estado Libre Asociado con el propósito de proponer al Pueblo de Puerto Rico una opción de libre determinación. Las deliberaciones del cuerpo serían semipermanentes, sujeta dicha convención a disolución sólo cuando los Estados Unidos ratifique una opción de libre determinación presentada por la Convención ante el Congreso. Indica, además, que los delegados serán electos por los votos de los puertorriqueños en una elección acorde con legislación aprobada por la Legislatura de Puerto Rico.
  •  Señala que el Tesoro de Estados Unidos separará un fondo, que será administrado por la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico, sujeto a la Junta Federal de Elecciones, donde se le distribuirá $4.00 a cada candidato a delegado por cada $1.00, si la contribución a la campaña que el candidato reciba es menor de $100.00;  y es donado por residentes de Puerto Rico. Se establece en la Ley los requisitos para el pareo de fondos. Se establece para ello el separar en dicho fondo la suma de $5.5 millones.
  •  Finalmente indica que los delegados electos, en consulta con la llamada “Comisión Bilateral Negociadora del Congreso”:

(1) debatirán y redactarán definiciones de opciones de libre determinación para Puerto Rico fuera de la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos;

(2) establecerán los correspondientes planes de transición para las opciones de libre determinación; y

(3) escogerán una opción, con su correspondiente plan de transición, para presentarlas al Pueblo de Puerto Rico en referéndum.

El proyecto de ley establece la creación de una “Comisión Negociadora Congresional Bilateral”, la cual será responsable de:

  •  Proveer consejo y consultas a los delegados de la Convención de Estatus.
  •  Los integrantes de la Comisión incluirán:

(1) los presidentes del Comité de Energía y Recursos Naturales de la Cámara de Representantes y del Comité de Energía del Senado;

(2) los integrantes de mayor rango de los Comités de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes y del Comité de Energía y Recursos Naturales;

(3) un miembro seleccionado por el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes;

(4) un miembro seleccionado por el líder de la minoría de la Cámara de representantes;

(5) un miembro seleccionado por el líder de la mayoría del Senado;

(6) un miembro seleccionado por el líder de la minoría del Senado;

(7) el Comisionado Residente de Puerto Rico; y

(8) con el consentimiento del Portavoz de la mayoría de la Cámara de Representante y de la mayoría del Senado, un miembro de Departamento de Justicia.

Los deberes y las funciones de la Comisión son definidos en el proyecto de ley como los siguientes:

  •  Realizar reuniones periódicas  con los delegados en Puerto Rico y en el Distrito de Columbia a petición de los delegados.
  •  Autoridad para estudiar, realizar hallazgos y formular recomendaciones sobre diferentes opciones de libre determinación en issues constitucionales y políticas relacionadas con la cultura, idioma, sistemas de educación, justicia e impuestos, ciudadanía estadounidense, y ayuda y asistencia técnica, así como consejo constitucional a los delegados por el tiempo de duración de la Convención de Estatus.
  •  Llevar a cabo, a solicitud de los delegados, vistas públicas relacionadas con aspectos de la Convención.
  •  Recibir testimonios.
  •  La Comisión deberá proveer periódicamente al Portavoz de la Cámara de Representantes informes sobre  el estatus, hallazgos y estudios, al menos cada 12 meses, los que hará disponibles en idioma inglés y español en el mismo día en que los informes se sometan.

Con relación al “Referéndum sobre Estatus” en Puerto Rico que contempla el proyecto, se indica:

  •  El voto en un referéndum por parte de los residentes de Puerto Rico será únicamente sobre la “opción de libre determinación” escogida por los delegados en la Convención de Estatus.
  •  Se autoriza la suma de $2.5 millones para llevar a cabo el mismo.
  •  Si el referéndum es aprobado por el Pueblo de Puerto Rico, el Congreso aprobará una Resolución Conjunta para ratificar la “opción de libre determinación” que se apruebe al amparo de esta Ley. Si el Congreso culminara sus trabajos antes de que se actúe sobre la “opción de libre determinación”, la Convención de Estatus de Puerto Rico creada bajo esta Ley se reunirá nuevamente y reenviará la “opción de libre determinación” al nuevo Congreso.

Me parece que existen aspectos que vale la pena señalar como aspectos positivos en el nuevo proyecto de ley de las congresistas Velázquez y Ocasio, a saber:

  • Creo que es importante el reconocimiento que hace la medida legislativa del derecho de los puertorriqueños a convocar una Asamblea de Estatus y establecer nosotros el mecanismo que lleve al Congreso a reconocerlo. Si bien en la nueva propuesta se quita en el nombre de asamblea lo de «constitucional», eso no es un detalle determinante. Se puede señalar que es mucho más importante que se destaque el método de “asamblea” o “convención”, sobre lo que pueden ser los “plebiscitos”, retomando así un concepto que, además, está presente en la histórica constitucional de Estados Unidos en el desarrollo de sus Congresos Continentales; y que, además, es el método idóneo para,  en conjunto, los distintos sectores ideológicos del país en materia de estatus, deliberar, acordar entre sí y negociar a nombre del Pueblo de Puerto Rico con el Congreso de Estados Unidos.
  • El uso de los términos «opciones de libre determinación» y «planes de transición para las “opciones de libre determinación»,  que se plantea para el proceso de debate y redacción de los delegados, aparenta chocar con la indicación de que  se someterá al Congreso la «opción de libre determinación»; es decir, primero habla en plural y luego en singular. Sin embargo, es de notar que en el proyecto de 2006 también se utilizaba este lenguaje. Uno podría interpretar, pero no está así de claro, que la primera instancia se refiere al proceso inicial de parte de los delegados entre sí; y el segundo, una vez en el proceso de negociación se vayan decantando las opciones frente a Estados Unidos, la que quede es la que se sometería  por la Convención de Estatus a la consideración del Congreso. Esto a su vez, procurando encontrar una racionalidad en la propuesta, puede interpretarse de dos maneras: primero, se podría llegar como opción final la independencia, que es la única que existe como derecho inalienable o la “estadidad”. Bajo la premisa de que la primera no contaría con el apoyo mayoritario de los puertorriqueños y la segunda no contaría con el apoyo de las estructuras de gobierno de los Estados Unidos; es decir, descartando  los dos extremos, “Estadidad” e “Independencia”, mover o timonear el proceso hacia un escenario de “Libre Asociación” como expresión de “opción de libre determinación”.
  • Veo como negativo en la medida que se insiste en señalar que en 1952 hubo un «convenio» en virtud del cual el Congreso ratificó la Constitución, cuando el propio Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso de Pueblo v.Sánchez Valle hace referencia a la posición de la Procuradora de Justicia de los Estados Unidos señalando que lo que significa el mencionado «convenio», fue que nosotros los puertorriqueños aceptamos fue el ofrecimiento  del Congreso bajo la Ley 600-1950 de aprobar mediante referéndum la convocatoria a una “convención constitucional,” y mediante la misma, elegir delegados responsables de elaborar una Constitución para organizar un gobierno propio en asuntos estrictamente locales, en forma republicana, con separación de poderes y una Carta de Derechos. Veo como elemento positivo, que el nuevo proyecto omite en cuanto a “opciones de libre determinación” la referencia a un “nuevo ELA” o a un Estado Libre Asociado “nuevo o modificado”.
  • Es positivo el reconocimiento «deber» que tienen los Estados Unidos de cumplir con lo que señala el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, lo que por ejemplo, dato este que no se recoge en las Resoluciones del “Comité de Descolonización de las Naciones Unidas” sobre Puerto Rico. Sin embargo, me preocupa que esta referencia en el proyecto, es para empujar la interpretación que hacen los sectores conservadores dentro del PPD, invocando una expresión que figura en la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el hecho de que en adición a la “Independencia”, “Integración” o la “Libre Asociación”, también se incluya «la adquisición de  cualquier otra condición política decidida por un pueblo.»

      Ciertamente, independientemente de este lenguaje, lo cierto es que la Resolución 2625 afirma, como punto de partida en el ejercicio del derecho a la libre determinación, el contenido, alcance y vigencia de la Resolución 1514 (XV).

(e) Es positivo que se señale el carácter «comprensivo e ininterrumpido de diálogo» entre la Convención de Estatus y el Congreso «para definir el futuro político» y que si el Congreso concluye su término sin acordar la «opción de libre determinación», la Convención de Estatus se reunirá nuevamente y reenviará la opción de libre determinación al nuevo Congreso. Esto salvaría que la iniciativa muera cuando finalicen los dos años que dura cada Congreso bajo el ordenamiento constitucional de los Estados Unidos.

(f) Es positivo que se señale en la medida que los delegados elaborarán no solo las opciones de libre determinación sino también los planes de transición en cada una.

(g) Es importante, además, la reserva que surge de la propuesta de referéndum final sobre “la opción de libre determinación”,  en la medida que le permite al pueblo de Puerto Rico expresarse finalmente en aceptación o rechazo de tal “opción de libre determinación”. Es sin embargo negativo que las «opciones de libre determinación» que elabore la Convención no se presenten también al pueblo en el mencionado referéndum o en alguna etapa previa.

(h) Es positivo que en el caso de Estados Unidos, la “Comisión Negociadora Congresional Bilateral”, involucre a los presidentes en Cámara y Senado de los Comités de Energía y Recursos Naturales y Energía respectivamente; a los demás funcionarios mencionados de la Rama Legislativa; y que la representación del representante Departamento de Justicia en esta Comisión, se decida con «el consentimiento” del Portavoz de la Cámara y del líder de mayoría del Senado.

(i) Es positivo que el Proyecto determine los deberes y funciones de la “Comisión Negociadora Congresional Bilateral”.

(j) Me parece que también es positivo que el Proyecto disponga que la “opción de libre determinación” que será sometida a los puertorriqueños, sea aquella que haya sido escogida por los Delegados a la Convención de Estatus. Esto evita que el Tribunal Federal o el Tribunal Supremo de Puerto Rico intervenga con el contenido de la consulta.

Ciertamente, como proceso legislativo al fin, el proyecto estará sujeto a diversas modificaciones. También es plausible señalar que es posible que al final del camino, no tenga consecuencia definitiva alguna. Sin embargo, de cara al proceso electoral en Estados Unidos del próximo noviembre y del inicio de un nuevo Congreso en el año 2021, pudiéramos estar ante nuevos escenarios.

Por ejemplo, con una composición en la Cámara que asegure el triunfo del Partido Democráta, al menos en dicho cuerpo, el proyecto de Velázquez y Ocasio, pudiera tener un efecto superior a cualquier otra inciativa que pudiera haber gestionado la actual Comisionada Residente, o la que pudiera gestionar en el futuro de ganar la posición de Comisionada Residente Jennifer González.

Si por el contrario, resultara electo Aníbal Acevedro Vilá a la posición de Comisionado Residente y el Partido Demócrata revalidara su actual liderato en la Cámara de Representantes, definitivamente, el escenario para impulsar legislación que nos lleve a una convención de estatus sería una opción con mayores posibilidades. Una inciativa de esta naturaleza ciertamente sacaría la alfombra de debajo de los pies a las propuestas que vendrían desde desde  por parte del Partido Nuevo Progresista al Congreso de los Estados Unidos.  

De hecho, el impulso a la Asamblea de Estatus tendría mayores posiblidades si además, no resultara electo Pedro Pierluisi, quien al igual que Jennifer González y otros líderes de ese partido, han tronado contra la iniciativa de Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio. Evidentemente un control del Congreso por los demócratas, un presidente demócrata y la posibilidad de un Senado demócrata, con un gobierno y con un Comisionado Residente que favorezca el mecanismo de Asamblea o Convenición de Estatus, repercutirá de inmediato en el debate sobre el futuro de las relaciones políticas de Puerto Rico con los Estados Unidos desde óptica diferente. Para este nuevo tipo de escenario debemos estar preparados.

29 de agosto de 2020.

El autor es un vegabajeño que presidió el Colegio de Abogados de Puerto Rico

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