Por Thomas Jimmy Rosario Martínez
Recientemente hemos sabido que se activó una querella administrativa ética que previamente había sido desistida contra el exalcalde Edgar Santana Rivera. Desistir quiere decir que sin verse en sus méritos, la Directora de la Oficina de Etica Gubernamental no quiso continuar con los procedimientos para responsabilizar a Santana de actos indebidos mientras fungía como alcalde.
En aquella ocasión había pendientes varias acusaciones criminales contra el alcalde, las cuales culminaron en la convicción mediante juicio por jurados de todas las acusaciones y la encarcelación desde 2011 del entonces alcalde en funciones.
Tanto Edgar Santana como a su sucesor, Iván Hernández, les fueron radicados cargos criminales y administrativos. Son dos foros distintos y cargos diferentes, por lo que no hay duplicidad ni se puede invocar la doble exposición que protege a los acusados.En el caso de Iván Hernández recayó una Resolución de la Oficna de Etica Gubernamental en ausencia, condenándole al pago de una fuerte multa que, según se dijo, aun no ha pagado. Además, se encuentran pendientes los cargos criminales por los que fue acusado. Santana extingue en prisión la parte carcelaria aun después de la conmutación parcial que le hizo el Gobernador Alejandro García Padilla.
¿Porqué la oficina de Etica Gubernamental ha revivido la parte administrativa de las violaciones de Edgar Santana Rivera? Supongo que es su deber ministerial, pero deben también estar pensando que es tarea fácil llevar este caso hasta su conclusión y acreditarse la Oficina su resultado. Para cualquier funcionario de una agencia, las estadísticas son importantes porque demuestran la diligencia y adecuado funcionamiento y cumplimiento de tareas y no sería mucho esfuerzo lograr lo que es obvio de que se violaron los reglamentos e imponer su correspondiente sanción. Además, una posible multa generosa le permitiría recobrar al estado parte de los estimados dos millones de dólares en que se ha estimado el beneficio ilícito obtenido personalmente por Edgar Santana Rivera en su incumbencia de siete años, sin contar los beneficios de sus cómplices como Irving Piñeiro, Asesor Financiero Municipal y su director de campaña en dos ocasiones, Andrés San Miguel.
La querella 16-11 de la Oficina de Etica Gubernamental le imputa desacatar leyes en vigor; utilizar puesto para fin privado; aceptar o solicitar de persona alguna, bien alguno de valor económico, a cambio de que la actuación de dicho funcionario o empleado público esté influenciada a favor de esa o cualquier otra persona. La vista estaba señalada para el 1 y 2 de marzo, pero no se ha informado resultado.
En cuanto a los casos criminales de Santana, el resultado fue apelado al Tribunal de Apelaciones y luego al Tribunal Supremo, agotándose las posibilidades al no considerarse sus argumentos y prevalecer la sentencia de la larga condena.
La multa de $110,000.00 impuesta a Iván Hernández por la Oficina de Etica Gubernamental fue apelada sin éxito en dos ocasiones al Tribunal Supremo de Puerto Rico pero aun no ha sido juzgado por los casos criminales imputados.
Antes de Marcos Cruz Molina, todos los alcaldes en incumbencia desde 1973 han sido procesados criminalmente por delitos relacionados con sus respectivas incumbencias. Luis Meléndez Cano fue absuelto en todos sus cargos por un jurado federal.
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